Concejo pide desmontar placas conmemorativas en obras inconclusas

Eso de inaugurar y poner placas en obras inacabadas no solo le “rechina” a la gente, sino que tiene enervado al actual Concejo de Cartagena.

En clara alusión al exalcalde Dionisio Vélez, la corporación le pidió a la actual Administración el “desmonte inmediato de las placas conmemorativas que fueron instaladas sin que formal y jurídicamente se hubiese llevado a cabo la entrega y recibo a satisfacción de las obras en cuestión, previo aval del interventor”.

Edgar Mendoza Saleme, de la bancada conservadora y autor de la proposición, señaló que “el anterior alcalde de la ciudad, en un hecho de absoluta irresponsabilidad y de total falta de ética, decidió inaugurar varias obras que aún es la hora y se encuentran sin concluir; lo que sin embargo, no fue excusa para que dicho mandatario, le impusiera una placa en su honor, sin prever que a futuro ello se convertiría en un símbolo a la ineficiencia y a la negligencia gubernamental, como hoy ello se puede interpretar”.

El concejal Mendoza Saleme recordó que el Concejo aprobó hace tres años el acuerdo 013, por medio del cual se señalaban unas pautas para el “seguimiento a los procesos de ejecución, recibo e inauguración de obras públicas en el Distrito de Cartagena”.

Esa norma señala que ““sin excepción alguna, en el Distrito de Cartagena, las Obras Públicas se inaugurarán exclusivamente cuando se hayan ejecutado en su totalidad y se reciban a entera satisfacción por parte de las interventorías, incluyendo las obras complementarias”.

Mendoza Saleme señala que esto no se cumplió en el caso del mercado de Santa Rita y varios centros de salud, estos últimos financiados con parte de un crédito de $250 mil millones, que el Concejo de entonces le aprobó al exmandatario Vélez Trujillo.

Por último, el concejal pide que se entre a verificar cuál ha sido el comportamiento de las interventorías durante la ejecución de dichos contratos, frente a eventuales conductas que puedan poner en riesgo el cumplimiento integral de los mismos; y, consecuentemente, responsabilidades por parte de las interventorías, ante la omisión en el cumplimiento las obligaciones legales y contractuales que les corresponde.