Hay Luis Daniel pa’rato
Tal como lo comentamos hace un mes, el exgobernador Luis Daniel Vargas ya no está inhabilitado para ejercer cargos públicos, pues la sanción de la Procuraduría ya terminó, tal como lo comprueba el vigente certificado de antecedentes disciplinarios.
Mientras estuvo vigente la sanción, Vargas se refugió en la academia y hoy es todo un experto en educación. Pero ahora que nada le impide actuar en política, viene con todo. Hay Luis Daniel pa’rato.
Constructores, bancos y notarías
El canal RCN ha divulgado un informe de su Unidad Investigativa sobre las irregularidades en las construcciones en Cartagena, a raíz del colapso del edificio Portal de Blas de Lezo II. Allí entrevistaron al alcalde Manolo, y soltó estas apreciaciones: «No es un problema exclusivo de nosotros sino de los constructores, de la misma ética de los constructores que venden edificios y de qué manera los venden en la ciudad, los mismos bancos que prestan dinero a edificios que no tienen licencia, de las mismas notarías que registran edificios de qué manera”.
La culebra está viva
Es iterativa la conducta del procurador Fernando Carrillo con Cartagena, donde ha centrado buena parte de su gestión, antes que otras ciudades. Le tema Portal de Blas de Lezo lo tiene en su “top of mind”… por eso impugnó la tutela que regresó a Manolo al palacio de la Aduana, y por eso la divulgación en su portal institucional de la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar que concedió medidas cautelares frente a una acción popular presentada por la Procuraduría.
El proceso disciplinario contra Manolo sigue su curso y hay mil ojos atentos a nuevas decisiones. La culebra está viva.
Este es el texto del comunicado de la Procuraduría sobre las medidas cautelares de la acción popular:
Al acoger los argumentos de la Procuraduría General de la Nación presentados en una acción popular para proteger los derechos de la ciudadanía, el Tribunal Administrativo de Bolívar decretó la implementación de medidas cautelares urgentes para controlar los graves riesgos derivados de la actividad de construcción en Cartagena.
La decisión busca garantizar que no se repitan situaciones lamentables y de caos administrativo como las evidenciadas en la tragedia ocurrida el 27 de abril pasado, cuando se derrumbó el edificio Portales de Blas de Lezo 2.
En la providencia, el Tribunal ordenó en forma perentoria al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Distrito de Cartagena, a las alcaldías locales 1,2 y 3 y las curadurías urbanas 1 y 2, que en el término de un mes implementen, de acuerdo con sus competencias, un plan de vigilancia y control de todas las obras de construcción que se adelantan en la ciudad y realicen las acciones que por ley les corresponda, en defensa de los derechos a la vida y al desarrollo urbano seguro.
Las entidades accionadas deberán presentar un informe bimensual de las actividades de control y vigilancia que realicen. Ese seguimiento deberán remitirlo al Tribunal Administrativo de Bolívar y a la Procuraduría General de la Nación.
En un mes, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa verificará la ejecución de estas medidas. En caso de incumplimiento, se podrían imponer multas por desacato a la acción popular, que podrían ir hasta los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de las sanciones disciplinarias que procedan.
Una vez notificada de la decisión, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa solicitó un primer informe al Secretario de Planeación de Cartagena, para conocer las acciones que se están ejecutando para dar cumplimento al fallo del Tribunal.
