Como toro en corraleja
Lewis Montero está como toro en corraleja: lo mantean por aquí, lo mantean por allá. Esto en el caso de la disputada cuarta curul de Cambio Radical entre Carlos Barrios (Casa Blel) y Wilson Toncel (Casa Cáceres).
El mundo político está atento a su decisión: o posesiona a Barrios como lo ordena una tutela, o le sostiene la curul a Toncel como lo ordenó otro fallo.
Montero le preguntó al Juez Séptimo Penal del Circuito, que le ordenó posesionar a Barrios, que le aclarara y lo dijera qué hacer con la otra tutela, pero ya sabemos que el funcionario no ahondó en explicaciones sino elevó el tono: cumpla lo que le ordené.
Dado que la incógnita no fue resulta por este juez, Montero bien podría acudir a otra autoridad, como el Consejo Superior de la Judicatura o el Consejo de Estado, y pedirles que lo iluminen y le expliquen qué se hace cuando hay dos tutelas al tiempo que ordenan lo mismo. Porque si cumple una, se enculebra con la otra, y viceversa. Para donde vaya ¡paila!
En Revista Zetta estamos preparando un informe didáctico para no-abogados, que explica todo el curso de esta enconada batalla jurídica. ¡Espérenla pronto!
Gregorio no contestó, pero Yolanda sí
Desde la Oficina de Protocolo del Despacho del Alcalde y la Secretaría de Educación llamaron, y llamaron, y llamaron, y llamaron, y llamaron a Gregorio Rico, el alcalde de la Localidad Dos, para coordinar el desfile del 20 de julio, que iba a finalizar en el coliseo de Combates, en Chiquinquirá. Pero no contestó, no contestó, no contestó, no contestó y no contestó. La fecha se acercaba y estaban en el aire, cuando llamaron a Yolanda Wong, que contestó en seguida, y enseguida organizaron todo. Por eso el desfile se fue para la Localidad 1 y saldrá desde San Francisco para terminar en Canapote.
Gossaín, en la “piña” de la Procuraduría
Todo el que se mete a alcalde o gobernador sabe que aunque el periodo es de cuatro años, las culebras del cargo perduran por mucho tiempo más y la ocupación es la de defenderse de las “ías”, como le sucede ahora al exgobernador Juan Carlos Gossaín, quien está en la “piña” de la Procuraduría, que abrió investigación preliminar contra 20 exgobernadores y 35 exalcaldes por incumplir atención integral a población desplazada.
Son 55 exmandatarios defendiéndose, pidiendo pruebas, interponiendo recursos… el proceso será de largo aliento, así que hay tranquilidad relativa…
Este es el comunicado de la Procuraduría:
La Delegada para la Defensa de los DDHH inició el proceso disciplinario porque, al parecer, las entidades departamentales y municipales han incumplido de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio, a pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla, y de presentar una situación grave de desplazamiento forzado, de acuerdo con la medición del Departamento Nacional de Planeación desde el año 2013.
El Delegado para la Defensa de los DDHH, Gabriel Cera Cantillo, advirtió que “con esta indagación se busca identificar a los posibles responsables en cada ente territorial, verificar la ocurrencia de la conducta, para determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y si han actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
Entre las gobernaciones citadas se encuentran: Arauca, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Caquetá, Caldas, Bolívar, Vichada, Sucre, Risaralda, Quindío, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Huila y Guaviare.
Así mismo, fueron vinculadas a la indagación las alcaldías de los municipios de Fortul, Saravena y Tame (Arauca); Soledad, Barranquilla y Malambo (Atlántico); Magangué y El Carmen de Bolívar (Bolívar); Patía, Cajibío y Buenos Aires (Cauca); Chimichagua, Valledupar y El Copey (Valledupar).
De igual manera, Tierralta (Córdoba); Pitalito (Huila); Maicaco, Fonseca, San Juan del Cesar (Guajira); El Banco, Santa Marta, y Plato (Magdalena); Ipiales y San Andrés de Tumaco (Nariño); Cúcuta, El Carmen y Teorama (Norte de Santander); Puerto Asís (Putumayo); Pereira (Risaralda); Piedecuesta y Girón (Santander); Sincelejo y Sanonofre (Sucre); Ibagué y Chaparral (Tolima).
Estas acciones iniciadas por el Delegado para la Defensa de los DDHH, designado como funcionario especial por el Procurador General, hacen parte de la respuesta del Ministerio Público a la orden de la Corte Constitucional de monitorear el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, con respecto a la reivindicación de los derechos de la población desplazada.
