CONSTANCIA
Acabo de realizar una visita a la ciudad de Cartagena donde se adelanta un proceso anti corrupción contra el alcalde la ciudad Manuel Vicente Duque, un primo suyo, José Julián Vásquez, la contralora del distrito, Nubia Fontalvo y al menos un concejal de la ciudad acusados de haber intercambiado dinero para que el concejo distrital eligiera a la señora contralora.
El proceso parece contar con una muy suficiente cantidad de información, representada por muchas horas de intercepciones de llamadas telefónicas entre los implicados que los incriminan de manera irrefutable.
Apoyo que la Fiscalía General de la Nación, que la Contraloría General de la República y que la Procuraduría General de la Nación actúen con eficiencia en este caso y espero que se llegue hasta el fondo, se sepa toda la verdad y se sancione a los responsables.
Pero llama la atención que la misma eficiencia no aparezca presente en al menos otros tres casos donde hay sospechas o indicios de manejos irregulares en esa ciudad.
El primero es la conexión en Bolívar del llamado Cartel de la Hemofilia que ha producido ya arrestos en el departamento de Córdoba. El Espectador acaba de publicar una columna firmada por Yohir Akerman donde señala que la Contraloría General de la República detectó un pago irregular a 3 IPSs por la suma de $25.450.582.656 por tratamientos de hemofilia, hecho por parte de la Gobernación de Bolívar durante el mandato del gobernador Gossain, caso que fue denunciado a la Fiscalía General de la Nación durante el anterior período sin que hasta el momento haya resultados
Señala Akerman que el tema quedó en manos del hoy preso ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien fue pillado pidiéndole dinero precisamente al ex gobernador de Córdoba por lo sucedido en ese departamento.
El doctor Gossain, en carta de ayer, se defiende de las acusaciones de Akerman diciendo que en Córdoba se pagó por pacientes inexistentes y señala que ese no es el caso de Bolívar, pero en su defensa no explica las razones del pago irregular señalado por la Contraloría General de la República, que es el corazón de la acusación.
En el proceso se hace referencia también a unas tutelas cuya autenticidad no ha sido probada.
El asunto amerita que la Fiscalía revise con detalle el proceso que está en sus manos y muestre la misma eficiencia que ha tenido en el caso del alcalde Duque.
El segundo caso, es el de una prima de éxito por $2.500 millones que pagó la alcaldía de Dionisio Vélez por el trámite de un crédito en 2014. Al respecto dice la Contraloría General de la República que el contrato No. 011 de 2014 firmado con la empresa barranquillera SPS Asociados SAS es “una contratación injustificada, innecesaria, desventajosa, ineficiente y desfavorable para los intereses del Distrito de Cartagena de Indias”. Qué calificativo falta para que se sancione a quien la ordenó?
El tercer caso es la prórroga del contrato de Aguas de Cartagena. El 20 de octubre del 2014, en asamblea de socios presidida por el entonces alcalde Dionisio Vélez, la empresa Aguas de Cartagena, de la cual hace parte la ya tristemente célebre empresa española Canal de Isabel II, se decidió ampliar de 26 a 40 años la concesión de esa empresa en la ciudad de Cartagena, cuando faltaban más de 6 años para que terminara.
El actual gerente defiende la decisión por la necesidad de construir una nueva planta de tratamiento de aguas para la ciudad. Pero no podemos dejar de preguntarnos si en la mencionada prórroga hubo irregularidades similares a las que se han conocido en la Triple A de Barranquilla, donde es ya de conocimiento público que Canal de Isabel II pagó sobornos por decisiones similares.
Todos en la cama es lo que corresponde. Bien por los procesos contra la actual alcaldía, pero no dejen dormidos los hechos sucedidos en administraciones anteriores
Antonio Navarro Wolff
Senador
Alianza Verde
8 de agosto de 2017
