La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa para administrar la E.S.E Hospital Río Grande de la Magdalena, luego de recaudar información relacionada con aspectos: administrativos, financieros, jurídicos, técnico científico y de servicios, donde se pudo evidenciar debilidades relacionadas con la falta de control que representan un inminente riesgo para la prestación de los servicios de salud de 123.906 potenciales usuarios en el municipio de Magangué.
Como consecuencia de esta inspección realizada, la entidad ordenó por el término de un año la medida especial y el agente interventor designado deberá presentar un plan de acción que permita subsanar los hallazgos identificados a fin de garantizar los derechos en salud de los usuarios.
“Nos preocupa que una institución de primer nivel, que cuenta con un flujo de recursos constante y oportuno a través del giro directo, reporta unos pasivos por $5.450 millones y un déficit operacional por $165 millones. Como consecuencia de esta mala gestión hoy el hospital presenta un serio desequilibrio económico”, agregó el funcionario.
Entre los principales aspectos que motivaron la medida se encuentran:
• No existen programas de monitoreo, actividades de vigilancia ni métodos de análisis para realizar un correcto seguimiento a la implementación de protocolos de seguridad en la atención de pacientes.
• De acuerdo con los resultados que presentan los indicadores mínimos de gestión, durante la visita se observaron falencias en el sistema único de habilitación en aspectos como: infraestructura física, gestión de medicamentos, dispositivos médicos e insumos asistenciales que utiliza la institución.
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• No fue posible obtener datos certificados por el responsable de cada área, situación que dificulta conocer el estado financiero real de la entidad.
• La información de facturación y cartera presenta incongruencia en su reporte, adicionalmente no cuentan con una base consolidada de glosas, que permita identificar el estado real en que se encuentra, ni el grado de recuperación de la misma.
• El presupuesto de la entidad, entregado a marzo de 2017, no refleja la totalidad de los compromisos suscritos.
• El centro asistencial registra un importante número de procesos judiciales vigentes que no cuentan con una correcta defensa judicial.
“Identificamos serias dificultades administrativas y financieras en esta entidad. Este hospital es la puerta de entrada de los usuarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y ahora nuestro objetivo es estabilizar la operación y estructurar una ruta de trabajo que permita ofrecer un servicio de calidad a los usuarios”, advirtió Javier Villarreal, Superintendente Delegado para las Medidas Especiales.
La Superintendencia Nacional de Salud designó como Agente Especial Interventor a la doctora Yadira Blanco Hernández, contadora especialista en finanzas públicas con más de 8 años de experiencia como contralora en procesos de intervención ordenados por esta superintendencia, quien tiene como responsabilidad dar cumplimiento al cronograma de trabajo establecido, tendiente a garantizar la optimización administrativa, financiera, asistencial, jurídica y laboral del hospital.
