Con una cordial invitación a la búsqueda de la conciliación como la primera estrategia para la resolución de conflictos y la aplicación justa de la ley que beneficie a todos los ciudadanos, se dio inicio al II Congreso Internacional de Derecho empresarial, contable y de los negocios. Se enfatizó en el servicio permanente de la Cámara de Comercio de Cartagena para ayudar e impulsar el desarrollo empresarial desde el conocimiento de las distintas normas que los regule y haga altamente competitivos en el mercado de la región.
La instalación estuvo a cargo de Juan Chaljub Chaljub, miembro de la Junta y Presidente del Comité Asesor y Disciplinario del Centro de Arbitraje y conciliación de la CCC, seguido de la Presidenta Ejecutiva de la misma entidad, María Claudia Páez Mallarino, quien se dirigió a los asistentes destacando la importante vocación y labor de los abogados y contadores, a quienes invitó a mantener un régimen ético que ilumine su labor y garanticen el sostenimiento de la empresa, erradicando la corrupción. “Es nuestro deber como empresarios y ciudadanos afrontar la realidad con entereza, aprender de los errores y enseñar con el ejemplo a las nuevas generaciones lo que no se debe repetir para evitar la situación grave de la ciudad”, señaló Páez.
Acto seguido, el Superintendente de Servicios públicos, José Miguel Mendoza dirigió la conferencia inaugural planteando los siguientes interrogantes: ¿Cómo asegurar la competitividad para hacer más fácil el camino de los empresarios? ¿Por qué Colombia está rezagada en competitividad? ¿Son las normas e instituciones jurídicas que rigen el emprendimiento una garantía para la competitividad del país?
En esta línea anotó que los gobiernos, desde Samper, han tratado de suprimir los trámites, la inflación legal y el exagerado número de diligencias que un empresario debe hacer. Sugirió puntualmente una reforma para garantizar la competitividad de los Pequeños, medianos empresarios y emprendedores, lo cual implica la modernización del régimen societario colombiano, especialmente la reducción de los costos de creación de compañías, que a su vez, revisten importantes beneficios sociales tales como: mayor índice de formalización del país, mayor desarrollo y menores índices de corrupción.
Asimismo, anotó que la protección de inversionistas, que promueve el desarrollo de los mercados financieros, debe ser un objetivo de política pública. No obstante, existe una contradicción sobre la posición Colombiana en materia de medición de competitividad mundial, la cual se encuentra en el 5 puesto, al mismo nivel que Estados Unidos, frente a la realidad complicada que viven los nuevos emprendedores al momento de intentar crear empresa, sobre todo por la hiperinflación legal que hace inoperantes ciertos procesos de justicia, específicamente, cuando según las últimas encuestas el 79% de los colombianos desconfía de la efectividad de la justicia.
El procurador delegado para la conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez, Lee destacó importantes intervenciones que el Ministerio Público ha venido realizando en tres casos de gran atención nacional:
– RUTA DEL SOL: Se presentó una acción popular presentada desde la Procuraduría, la cual determinó que el viernes 20 de octubre vence el plazo para que INVIAS tome posesión para reemplazar las concesiones donde hubo vínculos con Odebretch. De igual manera, se garantizan medidas de continuidad en la ejecución de las obras. Y otorgó la función de licitar una Alianza Público Privada que el gobierno debe entregar.
– En cuanto al CASO CARTAGENA se trabaja arduamente en un Plan de normalización urbana, el cual se formalizará la próxima semana desde la Alcaldía Mayor, dando un primer paso en el fortalecimiento de las inspecciones locales de policía. La Procuraduría lamenta la infracción de la moralidad administrativa como bien jurídico que tiene a la ciudad de Cartagena un una crisis institucional que ha debilitado muchos procesos.
– Por último se refirió al CASO MEDIMAS, desde el sector salud, anotando que su intervención obedeció a condiciones legales y normativas deficientes, señala que se hace un seguimiento permanente no invasivo el cual debe contar con rendición de cuentas permanente de las autoridades de salud.
Posteriormente, se desarrolló un panel con la participación Marco Velilla Moreno y Mauricio Fajardo Gómez, ex magistrados del Consejo de Estado y Diego López, académico de la Universidad de los Andes, quienes, moderados por la periodista María del Rosario Arrázola compartieron sus visiones diversas sobre la situación actual de la institucionalidad en Colombia y cómo el sistema jurídico ha contribuido a la solución de los conflictos, tanto armados como ordinarios, desde un compromiso ético y una política pública de Estado.
