Por John Zamora (Director Revista Zetta).-Mas que una gotita de agua, parece un chorro. El procurador Fernando Carrillo Flórez no soportaba la idea de que Quinto Guerra fuese candidato, y ahora mucho menos que sea el alcalde de Cartagena, e insiste en su tesis única: está inhabilitado.
Es innegable que la discusión tiene dos ambientes, como las discotecas de ahora. Uno jurídico, donde la discusión se traba sobre en qué momento comienza y termina la inhabilidad, qué se entiende por “el año anterior” a la firma del contrato, y si solo comienza el conteo con la sola firma o con la ejecución del contrato .
Pero sobre todo, lo que ha primado es el ambiente político. Así no lo admita, o no se lo haya propuesto, la actitud del procurador ha tenido inocultables consecuencias políticas, y las seguirá teniendo. Esto último es lo más preocupante para Quinto y para la accidentada institucionalidad de Cartagena.
En campaña, la posición del procurador parecía la de un buen jefe de debate de campaña adversa, y obligó a Guerra Varela a estar a la defensiva política y a defenderse jurídicamente, pero también lo victimizó y le reportó réditos no deseados por el accionante.
El procurador acudió al Consejo Nacional Electoral, donde su tesis fue derrotada. Para los seguidores de Quinto, acierto jurídico. Para los opositores, adivinable decisión de un organismo político y politizado.
Pero desde el 7 de mayo las cosas cambiaron. En la noche de ese día, a Quinto le fue entregada la credencial que lo reconoció como alcalde al ganar las elecciones de la fecha anterior. Ese acto administrativo es el que es atacado ahora por la Procuraduría, en demanda de nulidad electoral ante el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Hasta ahí lo que no depende del procurador. Me explico. No dependía del procurador cancelar su candidatura, sino del CNE. Ahora, no depende del procurador anular su credencial sino del Tribunal Administrativo.
Corresponderá a esa entidad decidir si concede medida cautelar “de suspensión provisional de los actos administrativos que lo declararon como mandatario distrital”. Es decir, si suspende a Quinto como lo pide la Procuraduría.
Ahora bien. Si en esas decisiones la Procuraduría es peticionaria, hay otras donde es autónoma: en las disciplinarias.
Quinto tiene que andar con pies de plomo en cada acto que haga o que no haga, y justificar cada acción o cada omisión, pues en el campo de la disciplina administrativa hay autoridad de la Procuraduría, y aquí si Fernando Carrillo Flórez no tiene que pedirle permiso a nadie. Lo puede suspender directamente, desde luego con sustento fáctico y de derecho.
¿Se imaginan otro alcalde suspendido, sea por un Tribunal o por una Procuraduría? ¿Después de ir a las urnas en atípicas, volver a tener alcalde por encargo? ¿Volver a una crisis política institucional? ¿Volver a conformar gabinete? Y volver, volver, volver, como el mariachi.
Y con esta espada de Damocles se desarrolló la campaña, y la misma espada acompañará a Quinto en su corto mandato.
Mientras el alcalde gestiona plata para Juegos Nacionales, pone a punto mega proyectos, rescata hospitales y colegios, para en la raya a delincuentes, cuida murallas y balcones del Centro, y resuelve los chicharones de todos los días, seguirá sobre su cabeza el goteo molesto e incesante de un procurador adverso.
