Un control político a la concesión de alumbrado público realizó el Concejo de Cartagena donde participaron funcionarios distritales, el interventor del convenio, William Murra, y la plenaria del cabildo para abordar una preocupación principal; el futuro de la prestación del servicio en la ciudad.
Según Murra Babum, 9 meses antes la interventoría notificó a la administración sobre el vencimiento del convenio y sugirió conformar mesas de trabajo para revisar el tema. Así mismo sostuvo que con $155 mil pesos, Cartagena está por debajo del promedio nacional en lo que corresponde al mantenimiento de luminarias que ronda los 260 mil pesos, y que al término de la concesión los activos deberán pasar a manos del ente territorial.
Por su parte, Raimundo Pereira representante legal del concesionario, sostuvo que seguirán prestando el servicio mientras el contrato esté vigente y continúan a la espera de las conclusiones que arroje la revisión realizada por el Distrito a través de su oficina asesora jurídica.
Para el concejal citante del debate, César Pión González, más allá de los aspectos técnicos al Concejo le corresponde velar porque la comunidad tenga todos sus sitios iluminados y prevenir la comisión de delitos. “De acuerdo a informaciones reveladas por la Policía Nacional la baja luminosidad ha permitido que se registren hurtos, agresiones y otras conductas en contra de la ley. Vamos a hacer algunas sugerencias respecto pero sí queremos saber por parte de jurídica cuál será la decisión del distrito”, dijo Pión.
El contrato por 250 meses firmado en diciembre de 1998, culminará el próximo 31 de diciembre y hasta el momento se evalúa por parte del equipo jurídico del gobierno local, una posible prórroga o un nuevo acuerdo con otra firma. Hasta el momento no hay un pronunciamiento definitivo.
