Por Danilo Contreras (Especial para Revista Zetta).-
Conciudadano partidario del NO:
Estás líneas reflejan un esfuerzo franco por el respeto de una visión diferente a la mía acerca la vida social, política y económica del país. Si no fuese así, traicionaría mi profunda adhesión al principio pluralista consagrado en el artículo inaugural de la carta, que irriga el sistema democrático.
Dirijo esta epístola a conciudadanos partidarios del NO, pues entiendo que la dirigencia de ese segmento político hará, obviamente, caso omiso a mis razones y porque me arriesgo a pensar, tal vez equivocadamente, que una serie de prejuicios, miedos y tergiversaciones afectan su sensibilidad, al punto de rechazar el camino cierto del cese del conflicto armado de más de medio siglo, que significa el acuerdo de paz y los instrumentos de su implementación como la JEP.
Pongo mi empeño en tratar de calzarme en los zapatos de esa masa de conciudadanos, y a partir de ese ejercicio proponerles otra visión del cese del conflicto que hoy rechazan visceralmente.
Arranquemos por el evento paradigmático que parece originar la polarización actual, el plebiscito por la paz de 2016.
Hay un dato objetivo que es relevante en esto y es que el margen de diferencia entre el SI y el NO, fue del 1.43%. Estrecho margen, son aritméticas simples.
La controversia surge alrededor de los efectos del NO ganador.
Ante esta circunstancia la pregunta era: Correspondía al gobierno, luego del resultado, levantar la mesa de negociación con las Farc y reiniciar la guerra? O, por el contrario, resultaba pertinente encontrar una salida que permitiera reflejar también el sentir de esa otra mitad del país que perdió conforme los ceñidos guarismos mencionados?.
Especulo que los más radicales opinarían que sin duda había que reiniciar con juicio la guerra. Ese veredicto implicaba, tal vez, medio siglo más de violencia. Creo particularmente que esa no es una opción pensando en mis hijos y posibles nietos. No me gustaría someterlos al albur de ser tocados directamente por la guerra. No me gustaría, por ejemplo que mis hijos prestarán sus servicios profesionales en zona de conflicto, o que tengan que prestar servicio militar obligatorio en territorios de guerra, a menos que ellos libremente lo escojan como profesión legítima y digna.
La otra salida, esto es, una que NO implicara el levantamiento de la negociación, es la que se adoptó y que según pienso corresponde a un principio de ponderación que intenta tomar en consideración la voluntad de ambos extremos de la votación plebiscitaria y que entiende que la paz es un principio contra mayoritario, esto es, un precepto moral y político que no puede someterse al vaivén de una votación, vale decir, que cualquiera hubiese sido el resultado del plebiscito, no podemos constitucional y moralmente, renunciar a la búsqueda de la paz.
Recordemos que la reelección de Santos fue un verdadero mandato por mantener las negociaciones con Farc a las cuales se oponía el candidato uribista a la sazón. Así, el proceder de Santos al impulsar la negociación política no correspondió a un capricho autoritario, sino a un mandato democrático. Es muy posible que entre la mayoría del NO del plebiscito subsistía una ciudadanía partidaria de la negociación pero con ajustes, contraria al regreso a la guerra abierta. Quizás si en la votación hubiese existido una opción para marcar en favor del acuerdo con ajustes, el NO habría sido derrotado.
Si se acepta esta hipótesis, podríamos avanzar en entender que la salida de la renegociación de los acuerdos con el uribismo que tuvo lugar luego del plebiscito (Uribe incluido), fue una salida racional. Esta discusión de ajustes dio origen a los acuerdos definitivos del Teatro Colón del 24 de noviembre de 2016. Esa deliberación se profundizó luego en el congreso con la participación de fuerzas del uribismo. No hay razón para pensar que aquella no fue una discusión refrendada con el sello de la democracia que tenemos. De esa manera lo acordado se integro a la Constitución Política y luego se avaló su constitucionalidad por la Corte. Todos podemos convenir que en una democracia es esencial respetar y honrar la Constitución.
Pese a lo anterior se insiste en desconocer la JEP que es el tribunal diseñado para resolver sobre los terribles delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto. Ese tribunal es parte, como la Corte Suprema de Justicia y las demás corporaciones, de nuestro ordenamiento político y en consecuencia una institución que merece respeto si es que militamos en la idea democrática. Desconocer la JEP, es desconocer su carácter constitucional. Se replicará con los escándalos que la han afectado, sin embargo bajo ese criterio también deberíamos desconocer a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema, al Consejo Superior de la Judicatura o a la Fiscalía, todas corporaciones que han sido afectadas por escándalos similares o peores.
Se aduce además que el proceso de paz consagra un régimen de impunidad. No lo creo, pero entiendo que es difícil aceptar penas atenuadas para crímenes tan deleznables.
Lo que espera la ciudadanía partidaria del uribismo y muchos otros ciudadanos independientes, es ver en la cárcel a los autores de estos delitos hasta el final de sus días. Seria deseable, pero no corresponde con la historia nacional y universal de la superación de los conflictos armados, puesto que la negociación política de una guerra implica, por regla general, imponer sanciones atenuadas a los rebeldes.
Un ejemplo reciente. El M 19, cuya reinserción a la vida civil fue defendida por el propio ex presidente Uribe, fue objeto de amnistías e indultos (https://www.google.com/amp/s/www.semana.com/amp/el-dia-en-que-alvaro-uribe-pidio-el-indulto-total-al-m-19-/344178). Hoy día ese conflicto en particular es cuestión superada y seguramente muchas vidas fueron salvadas. En la actualidad exguerrilleros del M 19 militan, incluso, en el uribismo.
Yo también preferiría justicia ordinaria retributiva para los criminales de guerra, pero entiendo, en perspectiva histórica y practica, la conveniencia de un régimen excepcional de penas, con tal de desarmar a los rebeldes y someterlos al Estado Constitucional.
Se arguye que inclusive en el escenario de un catalogo de sanciones atenuadas a los crímenes de guerra, no es aceptable la impunidad para delitos sexuales cometidos por los actores armados. Comparto también ese pudor moral justificado, me pongo en los zapatos de los conciudadanos uribistas. Sin embargo mi inquietud me ha llevado a revisar el tema con algún detalle y encuentro que no existe la impunidad alegada acerca de estos delitos. Las normas son claras al proscribir la amnistía e indulto para delitos sexuales. Los autores deben confesar toda la verdad y reparar el daño. Las penas aplicables son las atenuadas del régimen excepcional que podría permitirnos superar el conflicto con las Farc. Penas que incluyen cárcel de hasta 20 años si no se confiesan los delitos en su integridad.
La paz no se logra por arte de magia, debe corresponder a un esfuerzo mayoritario de la sociedad, que supere el odio que se reproduce en la guerra. Es mejor intentar la paz que insistir en la guerra y sobre todo una guerra que el Estado no pudo ganar militarmente en medio siglo.
Finalmente un argumento de orden práctico.
Los datos estadísticos muestran que en 2017 Colombia tuvo la tasa más baja de homicidios de los últimos 30 años. Logramos reducir el número de muertes por el conflicto en un 97%, el desplazamiento en un 79% y las victimas de minas en un 99%. Estas cifras esperanzadoras podrían hacernos pensar que el camino adecuado para superar el conflicto es dar cumplimiento a los acuerdos. Sin embargo ya en 2019 el ambiente es otro. La idea que se abre paso entre el gobierno es objetar los instrumentos normativos para que la JEP funcione. El mismo senador Uribe ha dicho que bueno es objetar la ley, pero que seria mejor eliminarla. Mas claro no canta un gallo.
En este contexto, un reciente editorial de El Espectador, da cuenta de la terrible estadística según la cual en 2018 las masacres aumentaron en el país en un 164% comparado con el año 2017. Todo parecería indicar que la guerra se recrudece. Un hecho lamentable que está confirmado por los datos.
Esta nueva política ha intensificado un conflicto que estaba en declive. Uno esperaría que los ciudadanos comunes y corrientes, los que eligen gobiernos, reflexionaran por un momento si es conveniente seguir el camino de revivir la violencia o intentar construir paz, pese a que todos saben que no hay paz perfecta. Ese es el dilema que debemos resolver por el futuro de las generaciones.
Atentamente,
Danilo Contreras.
