Análisis de John Zamora (Director Revista Zetta).- En abril de 2016 se desplomó el edificio Portal de Blas de Lezo II y al
poco tiempo el Procurador ya tenía suspendido a Manolo Duque. El año pasado, apenas resultar elegido Quinto Guerra en las atípicas, el Procurador ya lo tenía “enculebrado” en el Tribunal Administrativo y logró sacarlo del cargo.
¿Ajá, y Dionisio? Era la pregunta más frecuente en vista que el Procurador no daba muestra alguno de tenerlo “entre ceja y ceja”.
Los motivos son las suspicacias que generó su gobierno, también en periodo atípico tras la muerte de Campo Elías Terán, especialmente por el famoso crédito de $250 mil millones para calles, colegios y hospitales.
¿Ajá, y Dionisio? Ya que el Procurador no movía un dedo para investigarlo, se esperaba que fuera el Contralor General o el Fiscal General los que se pronunciaran ante las dudas dejadas por su Administración.
En su cuenta de Instagram predominan escenas familiares.
¿Ajá, y Dionisio? El exalcalde ha mantenido una férrea estrategia de silencio. Cada vez que se enrarece el ambiente y se mencionan algunas de las inconsistencias señaladas, hace mutis por el foro. A ningún periodista da declaraciones ni emite juicio alguno en sus redes sociales.
Dionisio Vélez se fue convirtiendo así en una especie de ícono intocable, pues ninguna “ía” se atrevía a cuestionarlo, tal como lo viene pidiendo un cúmulo de veedores, periodistas e “influencers”.
Hace un par de semanas y de manera súbita, la Procuraduría acalló la desesperanza y formuló pliego de cargos por el sonado alargue del contrato de concesión de Aguas de Cartagena para el manejo del acueducto y alcantarillado, el famoso “otrosí” en el que también está involucrado su escudero y exsecretario privado Carlos Coronado Yances. A todo el mundo le pareció muy rara esa «movida», y ahora la Procuraduría se suma a la extrañeza, que los exfuncionarios firmaran una prórroga por 13 años más, y no finalizar en 2021 sino en 2034 el vínculo contractual.
Pero el “rancho siguió ardiendo”. La semana pasada, en una visita a Cartagena, el mismo procurador Fernando Carrillo anunció que la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública abrió investigación disciplinaria contra el exalcalde de Cartagena Dionisio Vélez Trujillo, y a su exdirectora del Dadis, Martha Rodríguez, por haber incumplido normas que conllevaron a la ejecución de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales que habrían causado un presunto detrimento patrimonial por $56.000 millones. Son presuntas irregularidades en la ejecución de contratos de infraestructura de 39 centros y puestos de salud adscritos a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, firmados por 100 mil millones de pesos en 2014.
Dice Ministerio Público que “halló durante una visita preventiva y de control de gestión que las obras se encuentran inconclusas, algunas en estado de abandono, y que los equipos de dotación médica, plantas eléctricas y materiales de construcción, entre otros, se estarían deteriorando y perdiendo su funcionabilidad”.
En un comunicado expresa que “Para la ejecución de esas obras la administración distrital adjudicó dos contratos con plazos de entrega de 6 a 12 meses, que a la fecha se encuentran paralizados por presuntas irregularidades derivadas de las fases de planeación, contratación y ejecución, toda vez que se suscribieron, aparentemente, sin llenar los requisitos legales. Entre las presuntas irregularidades detectadas, los proyectos no contarían con los conceptos previos técnicos de viabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social, las licencias de construcción y los títulos de propiedad de los predios intervenidos”.
¿Serán las únicas “culebras” de Dionisio con la Procuraduría o vendrán otras? ¿Se calmarán las aguas o también aparecerán la Fiscalía o la Contraloría con decisiones?
No se pierda el próximo capítulo, porque –como decía su lema de gobierno- “Ahora sí”…
