Por Danilo Contreras (Especial para Revista Zetta).- Cuando un ciudadano del común escucha el término “castrochavismo” acuñado por la derecha colombiana para referirse a los regímenes que imperan en Cuba y Venezuela, se aterra. Debo confesar que también me causa espanto que tales sistemas se aclimaten definitivamente en nuestra nación.
Cualquier cristiano interpreta el epíteto “castrochavismo” con un sistema autoritario, que desconoce las reglas de la democracia y el Estado de Derecho, con tal de imponer, sin obstáculos, la voluntad omnímoda de la clase gobernante. Desconocen las instituciones y las que persisten sin complacer su amaño, tienden a ser vilipendiadas y finalmente destruidas. El caudillismo y la excitación del fanatismo campean en esos contextos. La razón entra en decadencia allí, mientras la estupidez florece.
Si entendemos que características como la desinstitucionalización definen el castrochavismo, podríamos arriesgar que hay otras formulas sofisticadas o asolapadas, quizás, de instaurar este tipo de regímenes. La historia del siglo XX acreditó con barbarie que hay satrapías que bien pueden erigirse en nombre de la derecha o de la izquierda.
En Colombia que se ha preciado desde Santander, de ser un país de leyes (“si las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”, es la frase atribuida al prócer), viene avanzando en las últimas décadas una corriente que, a efectos de hacer prevalecer determinados liderazgos caudillistas, socava la institucionalidad vigente, tal vez con la finalidad de remplazarlas por otras formas que sean funcionales a los requerimientos inconfesables del líder. Todas las formas de lucha son válidas a ese efecto.
La democracia es una conceptualización filosófico política que esta definida por el respeto y garantía de los derechos fundamentales y, lo resalto para el caso, división e independencia de los poderes públicos. Eso parecía quedar claro desde la promulgación del artículo 16 de la declaración de los derechos del hombre por allá en la vieja París de la revolución de las luces. Vana ilusión. Más de 2 siglos después la cristiandad no lo ha entendido, como tampoco parecen haber entendido el cristianismo demasiados conciudadanos.
El ataque incesante a la JEP es un ejemplo flagrante del intento por desinstitucionalizar al país. Antes fueron las Cortes, para lo cual no escatimaron en el uso de herramientas tecnológicas para chuzar o el simple pasquín para denigrar de magistrados, incluso de los honorables. El doctor Uribe ha dicho con su dialecto enfático de hacendado, que su objetivo es eliminar la JEP. Guardan él y su profusa militancia, el expreso deseo de una sola corte que nos regrese al anacronismo de la constitución de Nuñez y Caro. Tal vez eso pueda ser más apropiado a sus preocupaciones.
El último intento por desinstitucionalizar lo ha protagonizado el “jurista” Néstor Humberto Martínez, con su espectacular renuncia. Falto poco para que rasgará sus vestiduras e irrumpiera en llanto al anunciar su patriótica dimisión ante la afrenta que según él significaba un fallo judicial de una jurisdicción establecida en la constitución. Se respeta la ley, pero no se acata, se decía ya desde la colonia. El exfiscal abundó en su desconocimiento de los fueros de la JEP y dejó como legado la operación de recaptura de Santrich.
No tendría que jurar para que se considere que deploro el talante del personaje últimamente mencionado; entiendo además que en el caso de que se acredite que este ha delinquido, la ley debe castigarlo con todo rigor. Sin embargo ese genuino deseo de ciudadano de a píe no me hace perder de vista que el valor supremo de la conservación del Estado Social de Derecho está por encima de mis prescindibles deseos. Soy un demócrata, o mejor, intento, persisto en serlo. Es una manera del pensamiento critico ser demócrata.
Muy probablemente la recaptura de Santrich sea ilegal, pues la nueva medida de la justicia ordinaria se adopta con fundamento en los mismos hechos de que conoce una jurisdicción especial, esto es, la JEP. Yo que soy un lego en derecho y procedimiento penal (bueno, para ser franco, soy lego en todas las materias del quehacer humano), solo me atengo a que mis abnegados maestros universitarios enseñaban, haciendo remembranzas de los principios generales del derecho, aquello del “non bis in ídem”, vale decir, que ningún ciudadano, incluso los más repudiables delincuentes, pueden ser juzgados dos veces por los mismos hechos. El artículo 29 de la constitución vigente recoge esa doctrina que el “castrochavismo a la colombiana” ahora desconoce. Cesare Beccaria se revuelve en su tumba.
El estoicismo es una doctrina apropiada en estas épocas en las que corresponde resistir a los caudillos y la superstición que pretende hacernos caminar con los ojos abiertos hacia la profunda e ignota oscuridad.
