El abogado Yalil Arana Payares despejó la bruma que generaron comentarios sobre una presunta inhabilidad para aspirar a la Alcaldía de Magangué, todo por cuenta de una actuación en un proceso de Findeter.
Si bien Arana Payares ofició como abogado de Findeter en un proceso donde la parte demandante es la Universidad de Cartagena, una información certificada de la entidad financiera señala que el poder le fue revocado.
Findeter le entregó el proceso al abogado Roger Morales, y aparece nota de presentación personal el 7 de septiembre de 2018, y radicación el 11 de octubre de 2018.
“De conformidad con lo anterior, con el otorgamiento del nuevo poder y su presentación ante el respectivo Despacho Judicial, se entiende revocado el poder anteriormente otorgado”, dijo Carlos Andrés Quintero Ortiz, director jurídico de Findeter en la respuesta certificada.
En los círculos cercanos a Yalo Arana se le atribuyó la versión de la presunta inhabilidad a sectores interesados en obstaculizar su propósito de postularse a la Alcaldía de Magangué, con el aval del partido Conservador.
Su presunta inhabilidad se remonta al haber actuado defendiendo los intereses de la Financiera de Desarrollo Territorial y donde Arana tuvo poder para conciliar y decidir a nombre de Findeter.
En su momento, varios medios alcanzaron a hacer eco de esta noticia porque supuestamente habría intervenido en la liquidación de un convenio entre la Universidad de Cartagena y Findeter, que fue fallado por el Tribunal administrativo de Bolívar y la sala de lo Contencioso administrativo del Consejo de Estado donde se vincula al municipio de Magangué.
Según la ley “Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Así mismo, quien, dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad”.
Arana Payares ha desmentido reiteradamente esa supuesta inhabilidad, y este certificado es un nuevo sustento que arguye en su favor.
