Si los sobrecostos en pechugas de pollo o bultos de canela en el Programa de Alimentación Escolar en Cartagena tienen indignada a la Contraloría General de la Nación, aspectos de fondo la dejan más que preocupada.
Son tres los principales aspectos que “no le cuadran” al ente de control: el operador es de Pasto, no era necesaria la urgencia manifiesta con que se contrató, y la excontralora Nubia Fontalvo avaló la operación desconociendo que se trataba de recursos nacionales que no podía auditar.
Pero el aspecto que mayor cuestionamiento genera en la CGR es la urgencia manifiesta con que se contrató el PAE.
Según el ente de control, la declaratoria de urgencia manifiesta se hizo mediante resolución 2139 del 8 de abril de 2016, sustentada en la continuidad del servicio, “sin embargo, esta fue declarada tres meses después de la fecha en que debió contratarse la prestación del servicio de alimentación escolar”.
La contratación directa fue llevada a cabo el 13 de abril, de ese mismo año con la Fundación Red Colombiana de Comercialización y Desarrollo Comunitario “Redcom”, entidad sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Pasto – Nariño, mediante contrato UM-PAE001-2016 por valor de $8.427.924.090.
La Contraloría concluye que “con la declaratoria de urgencia manifiesta no se buscó garantizar la continuidad del servicio, pues de ser así esta se hubiese decretado una vez configurada la circunstancia que impedía adelantar un proceso de selección objetiva de contratista, y no esperar hasta el 8 de abril para decretarla, tiempo en el que incluso con un proceso público de selección de contratista, iniciado a partir del 29 de febrero, fecha en la que se indica la incorporación de recursos, hubiese sido posible escoger un contratista”.
Las reparos de la Contraloría General de al República tambin auntan a un concepto emitido por la coger un contratista»se indica la incorporacin el que incluso con un proceso pén apuntan a un concepto emitido por la excontralora distrital Nubia Fontalvo, que en una carta dirigida al entonces alcalde Manolo Duque, radicada el 7 de junio de 2016, hace una evaluación de la urgencia manifiesta del PAE y señala que: “Por lo anterior, con base a (sic) todo lo antes descrito, los hechos y circunstancias descritas en los documentos soportes que hacen parte del expediente contentivo remitido a la contraloría Distrital de Cartagena, se ajustan dentro de los parámetros previstos por la ley 80 de 1993, artículo 42, siendo claros y justificados en tiempo, espacio y lugar”.
En concepto del ente superior, a la Contraloría Distrital solo le compete fiscalizar recursos que provengan del erario distrital, no así con los recursos del PAE, que para este caso provenían de las Regalías, lo que es competencia exclusiva de la CGR.
