Por Horacio Cárcamo Álvarez (Especial para Revista Zetta).- Algo más grave a la crisis política e institucional está pasando en Cartagena; no puede ser que ante el fracaso de la elección popular de Alcaldes y ahora del Concejo Distrital todo parezca como un episodio sin mayor connotación, y más, sin posibilidades de afectar la organización social en la cotidianidad.
A la ciudad, que carga un antecedente de vejación desde tiempos de la colonia le hizo perder la capacidad de asombro tanto abuso, y esto la hace cada vez más vulnerable y frágil, hasta el punto que no es exagerado cuando se compara con una bomba de tiempo a punto de explotar en cualquier momento.
La baja del número de concejales como consecuencia de una investigación judicial, por presunta negociación del voto en la elección de la Contralora Distrital, para facilitar la cooptación de la autoridad de control por el ejecutivo sucede, según investigaciones divulgadas por Mauricio Gómez, en una ciudad donde una cuarta parte de su población viven en condiciones de pobreza, el 82% de los colegios públicos están en el nivel muy bajo de las pruebas saber, el servicio de salud presenta deterioro en infraestructura y calidad del servicio, con un déficit de más de 2500 camas y la población se encuentra sitiada por el crimen. Cartagena es una de las ciudades más violenta del país, con la tercera tasa de homicidios más alta exactamente.
Lo menos que se podría esperar ante la magnitud de lo que está pasando es un movimiento de indignación para expresar, por lo menos, con movilizaciones el rechazo y enjuiciamiento cívico al comportamiento indelicado de quienes se les señala de lesionar a la democracia local y sus instituciones representativas. La frialdad con la que ha actuado la sociedad civil, incluida la dirigencia en el sector privado y de los partidos políticos con sus directorios nacionales son una demostración para asegurar que la crisis es mucho más profunda.
En Colombia muchas veces la ficción supera a la realidad. Cuando se aprobó la figura de la silla vacía se hizo con la intención de castigar a los partidos políticos que hubiesen avalado dignatarios que luego resultaran comprometido en actos de corrupción, como una excepción. El reproche era contra el partido que debía responder políticamente perdiendo la curul, y no contra la democracia participativa, sistema de organización política que adoptamos desde la aprobación de la constitución política del 91.
La democracia supone que los partidos son quienes representan en las corporaciones y en los cargos de elección unipersonal la voluntad popular expresada libremente en las urnas; también que los voceros designados por ellos se destacan entre los escogidos por hacer de la ética y la moral un compromiso humano de transparencia en sus actuaciones públicas y privadas. De lo contrario estaríamos ante una cleptocrácia que se caracteriza por “gobiernos corruptos que desarrollan su poder robando capital al Estado”.
La aplicación de la silla vacía en el Concejo Distrital de Cartagena afecta más a la democracia local que a la institución. La composición de la corporación la define la ley según la población del municipio. Ocho concejales es el número proporcional para municipios que no sobrepasen los diez mil habitantes, por lo tanto a pesar que la corporación puede deliberar no puede hacer control político porque no representan a nadie, ni desplegar sus funciones administrativas relacionada con la aprobación de acuerdos, porque no cuenta con el número suficiente para integrar las comisiones permanentes en las que se surten los primeros debates;
Técnicamente en Cartagena no hay Concejo Distrital por falta de representación proporcional de la comunidad local.
