A pesar de las intervenciones de algunos funcionarios del gabinete Distrital, quienes explicaron los alcances del macro proyecto de Protección Costera en Cartagena, los concejales de la ciudad manifestaron que aún persisten dudas sobre la ejecución del mismo, sobre el plan especial para los vendedores ambulantes, y la supuesta declaratoria de calamidad pública que se realizaría.
Rodrigo Reyes Pereira, Javier Curi Osorio y Vicente Blel Scaff explicaron que el debate de control político se realizó con el objetivo de abordar las Proposiciones 002, 009, y 022 de 2018, por medio de las cuales se pretendía dar respuesta a distintas inquietudes relacionadas con uno de los proyectos más importantes de la ciudad, como lo es la protección costera, que tendrá una intervención de 7 kilómetros de playa entre Bocagrande y Crespo.
Reyes Pereira hizo referencia a la duda que aún persiste ente los cabildantes y los ciudadanos, sobre una de las respuestas dadas por el secretario de Planeación, Irving Pérez, donde se afirma que la ejecución de la obra estaría a cargo de la Oficina Nacional de Riesgos.
A su vez, su colega Curi Osorio se mostró inconforme con las respuestas dadas por Carlos Carmona, director de Valorización Distrital, sobre los planes sociales que se tienen previstos para beneficiar a los vendedores ambulantes que laboran en las playas, dentro de los cuales se han establecido las compensaciones en especie o en dinero para los mismos.
También aseguró que “hay que fortalecer la institucionalidad con una clara definición de competencias y coordinaciones en las diferentes entidades porque eso es lo que amerita el tema de la protección costera”.
El concejal César Pión González enfocó su intervención en la población más afectada en este momento con el proyecto, que es el gremio de trabajadores informales: “Una debilidad que tenemos como Distrito, es que siempre que hay un proyecto, ahí están los que sufren. Y ¿por qué sufren? Porque nosotros todavía no nos hemos puesto de acuerdo, porque las competencias que tenemos a nivel Distrital nadie sabe quién las cumple, y finalmente nadie sabe quién las hace”.
Respuestas de los funcionarios del Distrito
Carlos Carmona, director de Valorización Distrital, fue el primero en intervenir, y aclaró que esta oficina tiene la responsabilidad de llevar el programa de inversión del macro proyecto de Protección Costera. Y que dentro del mismo, se tiene previsto la construcción de 10 espolones sobre los 7 kilómetros de costa que se intervendrán; mejoras en las playas, establecimiento de 3 rompe olas, construcción de una escollera longitudinal, y un relleno artificial en las playas alrededor de 80 metros.
Agregó además, que se han realizado 4 mesas de trabajo con distintos actores sociales, y varios censos a los vendedores informales. Y en cuanto al costo del proyecto, afirmó que son 160 mil millones de pesos en total, de los cuales, 60 mil millones son de un crédito público aprobado por el Distrito, y el restante, será dado por el gobierno Distrital.
La secretaria de Hacienda, Sibila Carreño, explicó que los recursos para la protección costera se tramitan ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Gobierno nacional. “El crédito aprobado por el Distrito fue de 112 mil millones, de ellos, son 60 mil millones para protección costera. Después de las ofertas de los bancos, fueron escogidos Bancolombia y BBVA por tener menor tasa de interés”, dijo.
Así mismo, el secretario de Planeación, Irving Pérez, argumentó que aún no se ha decretado una calamidad pública sino que se ha dicho que hay riesgo inminente en esas zonas de playas.
Por su parte, Clara Calderón, secretaria de Infraestructura, se refirió al proyecto de estabilización y recuperación de un sector de la línea de la costa de la isla de Tierra Bomba, el cual va en un 41%, y del que se beneficiarán más de 6 mil habitantes de la zona.
Participación de los ciudadanos
La plenaria se declaró en sesión informal permitiendo así la participación de algunos representantes de las asociaciones de vendedores ambulantes de las playas, quienes tuvieron la oportunidad de expresar por segunda vez en la Corporación su preocupación por quedar sin trabajo una vez se desarrolle el proyecto.
Enrique Cabarcas, de la Asociación Cartagena Vallenata, Guillermo de Orta, representante de la Asociación de Carperos y Salvavidas, y Yamil Casarubia, representante de los vendedores de raspaos, solicitaron garantías para su estabilidad laboral durante y después de finalizado el proyecto.
Por tal motivo, pidieron la elaboración de un documento formal que les asegure que volverán a su sitio de trabajo.
La Coordinadora de Asuntos Políticos y del Observatorio del Concejo de Cartagena, de Funcicar, Alejandra López, participó para manifestar las preocupaciones con relación a la declaratoria de calamidad pública que se está gestionando en la oficina Nacional de Riesgo.
“En la Ley 1523 de 2012 se determina que la calamidad pública debe tener en cuenta, por ejemplo, los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daño, y entre estos bienes se destacan las pérdidas de la integridad personal, la vida, la familia. Nos preguntamos: ¿Cuenta el Distrito con un informe técnico y fáctico que dé cuenta de tales pérdidas?. Si es así, creemos que debe ser de público conocimiento”, comentó López.
