A propósito del Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas
Por Daniel E. Flórez Muñoz (especial para Revista Zetta).- Fue un 28 de julio del año 2001 el día que William Hernando Murad, cansado de los hostigamientos en contra suya y de su familia, tomó la decisión de asistir a una cita en una finca cercana al municipio Cubayaro (Meta), el señor William de 51 años fue el único de los habitantes citados que efectivamente acudió a la reunión convocada por un bloque paramilitar que hacía presencia en la zona. Ese día como era costumbre, se despidió de su esposa e hijas, ese día fue el último del que se tuvo noticias del señor William, desde ese momento hasta ahora su familia espera por él, desde ese día su madre, esposa, hermana e hijas cargan con el peso de una ausencia que resiste a la resignación y abraza la dolorosa esperanza de que quizá en algún momento o en algún lugar por fin alguien dé noticias de él y sólo así puedan ellas por fin descansar.
Resulta interesante constatar de qué manera el Derecho tiene la capacidad de nombrar aquello que no puede ser nombrado, ese lugar social del Derecho que le permite lidiar con una experiencia que va más allá del uso común del lenguaje y se ubica justo en el lugar que excede el poder domesticador de la palabra, una experiencia cuya verdad no puede ser expresada, un dolor, una incertidumbre, un vacío que solo puede encontrar su correlato en la profundidad del silencio expectante. El Derecho se aventura más allá y con la expresión “desaparición forzada” aspira a poder hacer alusión a esa situación caracterizada por una ausencia presente, por una existencia negada pero que se empeña en existir, por un ser que si bien no está aún se le sigue esperando.
La verdadera tragedia de la desaparición forzada no recae únicamente sobre aquellas personas que, como William, un día salieron de sus casa y nunca más regresaron, sino también sobre esas familias a las que la esperanza les pesa día tras día y que como Elias Murad y Teresa Sanchez, padres de William, se fueron de este mundo sin parar de buscar un solo día a su hijo, con la esperanza intacta de encontrarlo vivo pero con el dolor que el silencio y la ausencia genera a aquellos que sencillamente regresan sin tener una respuesta.
Lo que sucedió en ese fatídico 28 de junio de 2001 al señor William y a su familia, es lo mismo que le ha sucedido a otras 82.998 familias en Colombia, las cuales, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, corresponden al total de casos de desaparición forzada en el país, otra profunda herida que el conflicto armado ha abierto al interior de nuestro tejido social. Solamente en un 52% de los casos se cuenta con conocimiento del perpetrador, a la luz de la información establecida por el Centro Nacional de Memoria Histórica la distribución es la siguiente: grupos paramilitares: 26.475 (62,3%), guerrillas: 10.360 (24,3%), grupos posdesmovilizacion: 2.764 (6,5%), agentes de Estado: 2.484 (5,8%), agentes de Estado-grupos paramilitares: 388 (0,9%).
Lo anterior pone en evidencia que la Desaparición Forzada estuvo lejos de ser una práctica aislada o accidental al interior del desarrollo del conflicto armado colombiano, por el contrario, la misma se configuró como una de las prácticas represivas más utilizadas por los actores del conflicto para asegurar su control político y territorial. La atrocidad que enmarca la misma incidió significativamente en el proceso de deshumanización propio de la guerra, por lo que su esclarecimiento será sin lugar a dudas una pieza fundamental para poder avanzar hacia una reconciliación verdadera como sociedad y abrazar un porvenir fundando en el respeto a la vida y la diferencia. Estas reflexiones el Día Internacional de las Victimas de Desaparición Forzada, traen consigo esta aspiración, sumada a la necesidad de avanzar hacia procesos de cooperación entre organizaciones nacionales e internacionales que desde la sociedad civil posibiliten el rescate del lugar de la memoria y la importancia del pasado en la transición, organizaciones de víctimas, sectores académicos y organismos internacionales están llamados a un trabajo mancomunado para evitar que en este país se pase la página sin haberla leído antes.
En la actualidad María José Murad, hija de William Murad, continúa junto con su madre y sus hermanas la lucha por la memoria y la vida de su padre, siguen buscando respuestas y siguen batallando contra la peste del olvido que pretende ocultar en el polvo del tiempo las lágrimas que su abuela lloró hasta el último día de su vida. Ella es el ejemplo de una generación que no se sienta sobre el miedo ni abraza la resignación, por el contrario, asume la defensa de la memoria y la dignidad, la responsabilidad política de quien entiende que el dolor y el sufrimiento humano tienen un límite y que solo las victimas pueden desde la defensa de la libertad sembrar las bases para una país que no devore a sus hijos y que por el contrario permita dignificar el recuerdo de quienes ya no caminan entre nosotros. Hasta tanto eso no sea una realidad, seguiremos quienes desde la academia y el activismo social abracemos la reivindicación del lugar político de la memoria gritando: ¡Por nuestros desaparecidos, ni un minuto de silencio y toda una vida de combate!
