El alcalde Pedrito Pereira tiene tres semanas en el cargo y buena parte de sus preocupaciones tienen que ver con las contingencias jurídicas contra el Distrito, que suman $800 mil millones en pretensiones, algo impagable.
Hay tantas acciones jurídicas en etapa de desacato, que está expuesto a un arresto varios de los casos más apremiantes.
Por ejemplo: de aquí la 9 de noviembre tiene plazo para conseguir un lote de 10 hectáreas y trasladar la cárcel de San Diego, fruto de una acción judicial entablada desde 2009 por la Defensoría del Pueblo.
El alcalde de Cartagena encara 91 fallos judiciales por cumplir, 5 acciones de cumplimiento, 86 acciones populares con 48 desacatos, dos con estado súper crítico: Bazurto y Henequén. 154 tutelas en contra con 84 incidentes de desacato.
Las cifras las reveló al instalar el taller “Pacto por Cartagena”, junto con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en cumplimiento del documento firmado por los ternados ante el presidente Iván Duque.
El alcalde expresó que otro de los “chicharrones” próximos a vencer es el de la Concesión del alumbrado, que es a 20 años, y ya tiene 19 años y nueve meses. “Se vence en enero y a nuestra llegada no encontramos decisión, por lo que abrimos una mesa de trabajo y solicitamos el acompañamiento de los órganos de control para tomar la mejor decisión”.
Otro aspecto que tiene que ver con lo legal es la ejecución del Plan de Drenajes Pluviales. El alcalde Pereira Caballero recordó que el Tribunal Administrativo de Bolívar anuló un acuerdo distrital que involucraba a Edurbe, y que ahora deberá presentar un nuevo acuerdo al Concejo para enrutar la decisión e invertir $90 mil millones en esa solución, con vigencias futuras.
Pereira Cabalero también mencionó la recuperación de la ciénaga de la Virgen, la reapertura del mercado de Santa Rita, el traslado del Mercado de Bazurto, la apertura de la Central de Abastos, entre otros temas.
“Con Ley del sitio y el prospectado Fondo de Sustentabilidad para la Erradicación de la Pobreza Absoluta, podemos encontrar soluciones a situaciones coyunturales de la ciudad”, indicó el funcionario.
EL alcalde dijo que por cuenta de los escándalos de las construcciones d elos Quiroz y del edificio Acuarela, se ha estigmatizado al sector de la construcción, por lo que pidió “desacuarelizar” y “desquirozar” la discusión.
Plazo para cierre de Henequén y la recuperación del cerro de la Popa también tienen decisiones judiciales que imponen obligaciones al Distrito.
