Por Danilo Contreras (Especial para Revista Zetta).- El Estado de opinión parece ser el más reciente y brillante aporte a la teoría constitucional que ha conocido la civilización occidental, y que aplicado, seguramente, traerá consecuencias profundas e imprevisibles.
Lo más sorprendente es que, para considerarlo, no es menester acudir a la doctrina jurídica internacional suscrita por el buen Kelsen o más recientemente por Dworkin o Ferrajoli, pues todo parece indicar que la raíz de tal concepción es netamente criolla e inédita.
He leído de sus defensores intentar definirlo con la siguiente sugestiva proposición: “Se trata de la fase superior del Estado de derecho”. Al reflexionar al respecto no puedo evitar una reminiscencia marxista que señala el comunismo como la fase superior de desarrollo social, al cual se arriba transitando el estado socialista y la dictadura del proletariado, conforme enseña el más genuino materialismo histórico ofrecido al mundo por ese estremecedor binomio del intelecto que fue Marx y Engels.
El símil puede ser desconsiderado con los autores, y puede serlo mucho más si tales referencias traen los aromas nefastos del sustrato totalitarista que tiene cualquier dictadura, pero me ha resultado inevitable la comparación por la aparente paradoja que implica. Digo aparente pues suele suceder que los extremos, sean de derecha o izquierda, encuentren puntos en común.
Cometo la audacia de juzgar que la estrategia central que utiliza la vanguardia de esta novedosa doctrina acude a la democracia plebiscitaria para aclimatar sus ideas. Ellos parecen regresar al viejo concepto, univoco, de que la democracia es el gobierno de las mayorías, pues entienden que modernamente esas mayorías son fácilmente estructuradas a partir de la manipulación y las falsas noticias. Trump es, tal vez, su paradigma.
Ese método, patéticamente, les ha ofrecido algunos resultados promisorios en el pasado reciente, que les ha permitido enredar el candoroso esfuerzo por lograr la paz mediante los acuerdos adelantados por el Estado con las Farc. Conciben que en el Estado Constitucional moderno, el respeto a las minorías (que en realidad constituye un elemento esencial del pluralismo) es un criterio herético que va contra las buenas costumbres y la moral y piensan que las minorías, cualquiera sea su naturaleza, deben ser sometidas por el mandato de las mayorías, sin atenuantes!.
Últimamente avanza con entusiasmo, casi revolucionario, la recolección de firmas para impulsar un referendo cuya loable finalidad, según sus promotores, es desaparecer la JEP, remover a los magistrados de las Altas Cortes y reducir el número de congresistas a la mitad, propuesta que sin duda cuenta con no pocos adeptos entre las masas desesperadas por el estado de cosas.
Algunos entendidos califican de idealista la iniciativa, no por el alto propósito moral y de justicia que pueda tener esa causa, sino por la quimera que significa pensar que nuestro controvertido congreso aprobará tal enmienda. Pero bueno, ahí están trabajando esos próceres del nuevo Estado de opinión.
Pese a lo anterior, los demócratas que van quedando en el país, deben estar muy alertas y atentos a denunciar todo atentado contra la constitución de 1.991 que ha tenido el mérito de mostrarnos un camino para entrar al siglo XXI, quizás sin éxito suficiente, pero es lo que tenemos.
Vivimos tiempos raros y cualquier cosas puede ocurrir, incluso que enajenemos nuestra idea de libertad.
